¿Necesita un trabajador haber presentado antes una demanda o una denuncia formal para quedar protegido frente a un despido por represalia? Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, no siempre. Basta con que exista una discrepancia interna con suficiente peso jurídico, seguida de una extinción del contrato sin causa acreditada, para que se active la garantía de indemnidad.
Los sistemas de bonus o incentivos forman parte habitual de la política retributiva de muchas empresas. Permiten alinear objetivos, motivar al equipo y vincular parte de la retribución a resultados concretos.
No todo incumplimiento en el trabajo justifica un despido. Aunque pueda parecer evidente, en la práctica muchas empresas aplican la sanción máxima sin valorar adecuadamente las circunstancias concretas del caso. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo ilustra con claridad en un supuesto especialmente delicado.
En la gestión diaria de una empresa, es habitual adoptar medidas temporales para dar respuesta a necesidades concretas: ajustes de horario, cambios de funciones, ampliaciones de jornada o reorganizaciones internas.
En muchas empresas, las decisiones laborales no se toman en condiciones ideales. Se toman con presión, con plazos ajustados y con impacto directo tanto en la organización como en las personas. Cambios de estructura, reorganización de equipos, ajustes de jornada, finalización de contratos o gestión de conflictos internos forman parte de la realidad diaria de la dirección y de los departamentos de recursos humanos.